Este fin de siglo viene acompañado, en los países de la periferia, por una nueva voluntad modernizadora que, como en otras ocasiones, se propone modificar las lógicas que estructuran los comportamientos de los sujetos y los criterios alrededor de los cuales se ordena la sociedad.

En nuestros países la modernización no proviene de una paulatina acumulación de modificaciones de las que resulta una transformación cualitativa del orden societal. Por el contrario, modernizarse tiene un sentido imperativo, es la meta a alcanzar, el tren que no debe perderse para no quedar fuera de la historia.

Esta forma ansiosa y espasmódica de proponerse el cambio va acompañada de otras dos características que condicionan fuertemente la suerte de las modernizaciones. La primera de ellas es que en todos los casos se ha tratado de un movimiento del poder que utiliza el aparato del Estado y los atributos de autoridad que de él se derivan para reorganizar la sociedad de acuerdo con los nuevos principios. Esta peculiaridad le da al cambio una direccionalidad ascendente que, si bien encuentra una explicación en la debilidad de nuestros actores, en lo larvado de nuestras organizaciones civiles y en una cultura política referida casi unilateralmente al Estado, genera un movimiento desde arriba que debe ser contrarrestado con una clara política de inclusión de los actores y creación de condiciones sociales (materiales y simbólicas) que hagan posible su concreción.

La segunda característica es la renovada pretensión integral y refundante de las modernizaciones nacionales. La consigna es cambiarlo todo ¡ya! Para esto se necesitarían actores sin arraigo cultural e histórico, sin pasado y sin proyecto propio, dispuestos a inscribir su futuro en una constelación simbólica que les es ajena y que para grandes sectores de la población condice poco con las condiciones imperantes en su cotidianeidad.

Contrariamente a este supuesto, las transformaciones resultan de un complejo proceso en el que se negocia lo nuevo y lo viejo, lo propio y lo ajeno para fraguar renovadas visiones y representaciones que construyen sentidos compartidos. Por supuesto, los resultados no pueden ser nunca homogéneos. Si se da lugar a los actores hay que aceptar la diversidad de perspectivas y visiones y disponerse a sostener las tensiones que inevitablemente esto genera.

El riesgo de no actuar para contrarrestar estas dos tendencias es provocar resistencia y rechazos en bloque que reproducen al infinito una situación que nos remite permanentemente al punto cero. La modernización educativa está sin duda muy cerca de la situación que acabamos de describir. La pregunta es cuáles son, a esta altura, los gestos políticos que deben producirse para generar condiciones que permitan recuperar los esfuerzos y recursos invertidos y ponerlos al servicio de recrear una escuela de calidad para todos. Se trata de evitar la apropiación privada de la producción pública y rescatar de nuestra tradición el lazo solidario entre el sistema educativo y las aspiraciones de los sectores sociales que están ubicados en la mitad inferior de la escala social.

Finalmente, otro de los riesgos de nuestras modernizaciones plasmadas en otras latitudes y resultantes de procesos que no nos son propios es que, una vez introducidas en nuestros países, suelen, paradójicamente, dar renovado impulso a aquellas lógicas o rasgos culturales que pretenden desplazar. La extensión de la racionalidad económica a todos los ámbitos de la vida societal es sin duda el rasgo sobresaliente del orden que se está construyendo en este fin de siglo. Los principios organizativos del mercado económico, sus modelos de gestión y la constelación de valores que lo legitiman están siendo adoptados como criterios restructurantes del mercado cultural, político, educativo y asistencial.

En lo que se refiere a lo específicamente educativo, el Estado (nuevamente) es el encargado de introducir esta lógica competitiva en el sistema. Se han creado así proyectos y programas que compensan económicamente los esfuerzos de los actores e instituciones que están dispuestos a competir y demostrar su capacidad y eficiencia. En un contexto de estrechez económica y de mucha incertidumbre sobre el futuro estos incentivos pautan sin duda, la actividad de muchos agentes.

El problema es que, a diferencia del mercado económico, es el Estado el encargado de evaluar, medir y determinar los grados de eficiencia y productividad de los participantes. Con tal finalidad, los organismos estatales han ideado una serie de estrategias -evaluativas todas ellas, como no puede ser de otro modo-, construidas sobre la base de un criterio de racionalidad burocrática que, como todos sabemos, privilegia fuertemente las formas y desprecia la sustancia.

Es así como todos los agentes del sistema estamos abocados a una permanente producción de informes y presentaciones de la que depende nuestra presencia en el campo. El efecto es una extensión perversa de la lógica burocrática, una secundarización de la producción substantiva, una selección en favor de los "ya conocidos medradores de la burocracia" y la instalación de una lógica de control que está más cerca de las antiguas tendencias disciplinadoras de la burocracia que de las nuevas promesas de explosión creativa que se supone generaría la instalación del principio de la competencia.