El debate educativo que nos ocupa en los últimos meses tiene, sin duda, un tono diferente al que se viene desplegando desde el inicio de la reforma educativa.
Hasta ahora los discursos estaban claramente estructurados alrededor del eje de la reforma que logró desplazar a un segundo plano las antiguas problemáticas que habían ocupado a especialistas y gobernantes en las décadas anteriores.

Durante más de tres años pareció que toda la preocupación de los actores rondaba alrededor de problemas técnicos, tales como la articulación de los diferentes ciclos de la E.G.B y la conveniencia de las modalidades del Polimodal o, por el contrario, de vehementes discusiones ideológicas referidas al carácter neo-liberal o progresista del modelo a implementar. El discurso ha estado hasta ahora fuertemente anclado en la discusión de las propuestas y escasamente atento a las condiciones en que estas reformas deberán desenvolverse.

Los conflictos que se expresan hoy en la escena pública muestran la permanencia de problemáticas estructurales del sistema que marcan limites muy claros a la posibilidad de transformación. Entre ellos se destacan la histórica caída de los sueldos docentes y el riesgo de profundización del fenómeno de la segmentación educativa en un contexto de desigualación social. En ambos casos se trata de una renovada disputa por los recursos que exigen del Estado nacional y provincial una posición que reactualice su papel de garante del bien común.

El reclamo salarial de los docentes y la demanda por mayor financiamiento para la educación plantea la necesidad de hacerse cargo de los costos de una distribución equitativa del bien educativo. Sabemos que son muchos los elementos que confluyen en la producción de una educación pública de calidad y que son muy pocos los que no requieren inversión. La mayoría exige un aumento de los recursos que solo se puede obtener a partir de mejorar el presupuesto destinado a educación.

Se han hecho avances en la inversión destinada a infraestructura e insumos didácticos, queda aún pendiente el tema salarios. No cabe duda de que la condición del docente argentino es incompatible con una propuesta de mejora educativa. Los salarios que perciben, las condiciones de trabajo a las que están sometidos y la formación que reciben están muy lejos de garantizar un profesional a la altura de las exigencias que sobre el sistema educativo recaen en un momento de profundos cambios como los actuales.

Avanzar en una política de profesionalización docente que supere la mera retórica exige, por parte del Estado nacional y las jurisdicciones la asunción de responsabilidades propias en la creación de las condiciones adecuadas a la reforma y una intervención más enérgica en la disputa por los recursos para el sector. Por otra parte, el contexto conflictivo que enmarca a la huelga docente muestra el agotamiento de las estrategias confrontativas y abre una nueva oportunidad para iniciar un proceso de negociación entre actores que, de todos modos, tienen una presencia fuerte en la construcción de las políticas del sector. Por otra parte, en un contexto de precarización social, el subsistema educativo tiende a reproducir las tendencias que se dan en el sistema global.

Los informes de investigación señalan que las escuelas que atienden a los sectores más afectados por la restructuración económica deben enfrentar una serie de problemáticas, asociadas a manifestaciones de violencia y desintegración social, para las que carecen de recursos y estrategias adecuadas.

La insuficiencia de políticas públicas destinadas a proporcionar a las instituciones y sus docentes alternativas organizativas y pedagógicas que aporten a la construcción de respuestas a estas situaciones concretas, genera en las escuelas condiciones para la expulsión de alumnos y las encierra en una tarea asistencialista que, en el mejor de los casos, es adecuada para la contención social, pero no para la construcción de un horizonte emancipador tanto para los jóvenes como para el país.

En definitiva, se trata de recordar que para preservar la equidad en contextos de desigualdad es necesario hacer una importante inversión pública en recursos humanos y materiales, para atender a las particularidades y a través de ello alcanzar objetivos universalistas.