Revista Propuesta Educativa - Tomo 18

Potencialidades y Riesgos de la Traslación de Responsabilidades Educativas a la Sociedad Civil

La Argentina pertenece al grupo de los países de América Latina de temprana modernización. Esto implicó la construcción de una ingeniería política centrada en el Estado Nacional constituido en el hacedor principal del proyecto político que le dio origen.
Desde esta matriz se moldeó un espacio para la sociedad civil y se definió su forma de vinculación con el órgano político. A un Estado omnipresente le correspondió una sociedad que depositó en las organizaciones intermedias -partidos políticos y sindicatos- la tarea de incorporar sus demandas en la agenda de las cuestiones a ser atendidas por el Estado.
En esta tradición se constituyó un sistema educativo, con fuerte referencia en el Estado nacional, que posicionó a la sociedad civil en el lugar de receptora de una prestación que contenía una promesa de emancipación a cambio de la aceptación de un arbitrario cultural que la incorporaba al proyecto nacional.
En los últimos quince años asistimos a un proceso de traslación de responsabilidades educativas desde el centro a la base del sistema y a una serie de propuestas organizacionales que interpelan a la comunidad para que adquiera mayor protagonismo en el apoyo a la gestión de las instituciones educativas que atienden a sus miembros. De hecho existen ya numerosos ejemplos donde esta asociación ha fructificado a favor de ricas experiencias.
Sin duda, propuestas de este tipo encierran potencialidades y riesgos que deben ser evaluados a la luz de nuestra experiencia pasada y a partir de las fortalezas y debilidades que ella nos legó. Las potencialidades giran alrededor de la construcción de lazos entre escuela y comunidad que pueden actuar en diferentes sentidos: abriendo la escuela a la demanda cultural y educativa de niños y jóvenes, habilitando un canal por donde la comunidad puede acercar a la escuela recursos enriquecedores de su propuesta, generando en los agentes educativos un sentido de responsabilidad por su tarea frente a la comunidad, permitiendo la gestión conjunta de actividades que trasladen al seno de la sociedad conocimientos y habilidades organizativas y, finalmente, propiciando una reconstitución de la trama de solidaridad societal que está tan dañada en nuestro país.
El riesgo es que se esté construyendo un entramado societal destinado a crear condiciones de sustentabilidad de un orden social que se propone prescindir de la intervención del Estado. En este caso estaríamos ante una propuesta de retorno a etapas anteriores a la constitución del Estado nacional, donde cada sector social contaba sólo con sus recursos para educar a las generaciones que le sucedían. Una alternativa de este tipo, proyectada en una sociedad que carece de tradiciones y hábitos autogestivos y que sufre un reciente proceso de desigualación social, no tiene otro destino que el de consolidar esta estructura desigual.
Para que estas nuevas propuestas organizacionales nos ayuden a avanzar en la democratización del sistema y no nos retrotraigan a etapas que tuvieron un sino claramente reproductor, es necesario, por un lado, mantener la presencia de un Estado capaz de distribuir con equidad los bienes acumulados socialmente y, por otro, fortalecer la sociedad civil, transfiriéndole habilidades y saberes que la transformen en una instancia de contralor del funcionamiento del Estado y de la red institucional destinada a garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos.
Hay una distancia muy grande entre construir una sociedad civil capaz de organizar sus intereses, definir y diferenciar claramente sus demandas y diseñar estrategias para viabilizarlas a través del control y la movilización de los recursos del conjunto de la sociedad, a los planteos que tienden a la constitución de un orden societal que prescinda de la función igualadora del Estado.