Revista Propuesta Educativa - Tomo 26

Escrituras y educación

Escribimos este editorial en un momento en que se abre una perspectiva de esperanza para el país, con un nuevo gobierno que está tomando decisiones claras y audaces para resolver la crisis institucional, económica y social que venimos atravesando. Aun cuando los resultados son todavía inciertos, constituyen signos auspiciosos después de años en los que la caída política, económica y social parecía no poder detenerse.
La recuperación de la esperanza, para algunos inesperada y para otros buscada, debe ir acompañada de otras acciones que sostengan y afiancen una construcción alternativa a las políticas de exclusión que venían predominando. Todos, gobernantes y gobernados, sabemos que hacen falta más y mejores estrategias para producir las respuestas que se vienen buscando. Habrá que ser creativos, y mantener la audacia, para poder avanzar en esa construcción alternativa de la que sólo tenemos algunas pistas.
La educación, en este marco, puede y debe tomar un rol protagónico. La escuela pública sigue siendo uno de los pocos ámbitos en los que el Estado todavía sostiene la promesa de inclusión social. Los docentes y directores saben cuánto costó y cuánto cuesta sostenerla en un contexto en el que muchas otras dinámicas sociales expulsan a sus alumnos. Hay que destacar que ese costo muchas veces lo pagan los mismos docentes, tanto en términos económicos inmediatos (por sus magros salarios o por lo que deben poner de su bolsillo para compensar la falta de presupuesto) como en términos psíquicos y afectivos. ¿Cuántos se detienen a pensar lo que significa escuchar a diario el sufrimiento de los chicos y de sus familias y en ese contexto hacerle lugar a la enseñanza y el aprendizaje de la lengua, la matemática o la historia? ¿Cuántos evalúan el impacto concreto en los docentes de la crisis de la autoridad del Estado y de la escuela, que debilita entre otras cosas el sentido que tiene el ir a la escuela para los chicos y que dificulta establecer normas para la vida en común?
Hace poco el ministro de Educación de Brasil, Cristovam Buarque, convocó a constituir un movimiento social por la educación que aglutine fuerzas para colocarla en el centro de la agenda de los nuevos gobiernos, y que pelee por mayor presupuesto educativo. Evidentemente, sin mayores recursos será difícil mejorar las condiciones de trabajo de docentes y alumnos, y por ende obtener mejores resultados en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero junto a la discusión presupuestaria, es importante debatir qué tipo de sistema educativo y de escuela queremos, para que esos mayores recursos produzcan una educación más inclusiva y más preocupada por construir otros futuros para sus alumnos.
Estamos lejos de tener todas las respuestas. Creemos, además, que hay que buscarlas colectivamente, desde las instituciones educativas y desde la sociedad en general. Pero quisiéramos llamar la atención sobre tres problemas de la educación que nos parece serán decisivos para pensar qué sistema educativo y qué escuela queremos en los próximos años.
El primer problema es revisar qué efectos tuvieron la reestructuración social y la reforma educativa de los '90 en la profundización de la desigualdad en la Argentina. Es sabido que esta década implicó un ensanchamiento de la inequidad: la riqueza está cada vez más concentrada y la pobreza más extendida. Pero a la par que se profundizó la desigualdad, la enseñanza secundaria y polimodal crecieron aceleradamente en América Latina, a diferencia de otros países europeos y norteamericanos, donde la expansión del nivel medio se produjo en tiempos de crecimiento económico y constituyó parte de los proyectos vitales de ascenso social para la mayoría de las familias. Al mismo tiempo, puede señalarse que la brecha entre provincias y entre sectores sociales se agrandó, y que los índices de abandono, repitencia y fracaso escolar crecieron significativamente conforme creció la pobreza. Es importante señalar que este crecimiento no fue igual para todas las jurisdicciones, y ello habla también de los sistemas educativos provinciales y de la heterogeneidad de sus capacidades políticas y técnicas. Conocer cómo y por qué se dieron estos procesos será de vital importancia para diseñar nuevas estrategias. También faltan análisis cualitativos sobre los efectos de la reforma: sabemos poco sobre hasta qué punto se transformaron las prácticas cotidianas, en qué sentido se lo hizo, con qué nuevas lógicas y con qué actores, y qué impacto tuvieron estas transformaciones en la producción de estas nuevas desigualdades. Y a la par que producir este conocimiento, hay que proceder rápidamente a redistribuir posibilidades y recursos concretos para resolver las cuestiones más urgentes.
Un segundo problema, común a todas las instituciones argentinas, es la construcción de otra institucionalidad que recupere la idea de un ordenamiento más democrático y participativo. El sistema educativo, en todos sus niveles, debe promover también una nueva institucionalidad, poniendo en práctica, o creando donde fuera necesario, mecanismos de participación y de control público, y trabajando para mejorar las leyes y normas existentes, de manera que puedan ser más justas y más eficaces en esa promoción del bien común. La igualdad es, entre otras cosas, igualdad ante la ley; la destitución de cualquier capacidad normativa desde el Estado, en el contexto actual, no hace más que beneficiar a los más poderosos y profundizar la situación de indefensión y desamparo de los desposeídos. Es necesario reconstruir instituciones que tengan la capacidad y la legitimidad suficiente para desarrollar políticas para el bien común. Pero esa capacidad debe fundarse en un orden democrático y apoyarse en el debate público colectivo. Parece importante reactivar los mecanismos de participación educativa que proponen las leyes, volverlos verdaderos foros públicos donde se debata qué educación queremos, y crear otras formas de gobierno donde fuera necesario.
El tercer problema es darles otro lugar a los docentes en la construcción de una escuela más inclusiva. Los cambios culturales y sociales de las últimas décadas, así como las políticas educativas de los '90, tendieron a desautorizar a los docentes como transmisores de la cultura. Se los puso bajo sospecha, con repetidas quejas por su desactualización, su resistencia al cambio y hasta por su supuesta "pereza" -con el argumento sobre las pocas horas de trabajo diario y las extendidas vacaciones de que "gozan" los docentes-. Nos parece urgente volver a autorizar a los docentes como hacedores y constructores de la escuela, como agentes centrales de la transmisión cultural y por lo tanto responsables de una tarea de primer orden para toda la sociedad. Ésta es una tarea que habrá que hacer desde el gobierno, pero también desde los sindicatos docentes, los intelectuales, los padres y los alumnos, los medios de comunicación y otras organizaciones sociales. En esa reautorización, nos parece importante que no prime la nostalgia por los viejos maestros, quienes, más allá de sus virtudes, priorizaron muchas veces la obediencia y la docilidad de los alumnos en vez de promover la iniciativa y la pasión por el saber. Hay que imaginar nuevas formas de autoridad docente más pluralistas y en diálogo más abierto y sensible a la cultura y la sociedad contemporáneas. Y hay que proponer formas de trabajo colegiadas, que ayuden a poner en común los saberes disponibles, compartir esa escucha diaria del sufrimiento y pensar estrategias de trabajo que conviertan a las escuelas en espacios más hospitalarios y estimulantes para todos los que trabajan allí. La creatividad y la audacia también van a ser necesarias para repensar la escuela en un sentido de mayor justicia y más democracia.