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La evaluación tendrá que ser necesariamente procesual, participativa, formativa, integral y no-punitiva.

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Transcurridos dos meses de trabajo pedagógico en circunstancias de cuarentena con un “aislamiento social preventivo y obligatorio”, y previendo la continuidad de las medidas de cuidado de la población debido al impulso que se observa en la curva de los contagios, se torna necesario regular un plan de evaluación especialmente planificado para las actuales circunstancias y no quedar entrampados en las pingües exigencias que pretenden instalar determinados sectores respecto a la “acreditación” de los contenidos: “la nota”. Muchos/as lo podrán plantear honestamente, pero otros lo usan en el marco general del "apriete para levantar la cuarentena".
 
Lo primero que queremos decir al respecto es que hay que hacer una clara diferenciación entre lo que significa la “evaluación”, la “acreditación” y la “promoción” educativa. Reconociendo que si bien los mismos son procesos que están vinculados, cada uno de ellos tienen distintos sentidos y significados en un determinado proyecto de política educativa. Como así también, cada uno de estos procesos tiene diversas connotaciones en los distintos niveles y modalidades del sistema, en cuanto a sus características particulares y a los momentos o períodos en los que deberían ser operacionalizados; más aún, en las actuales circunstancias.

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En tal sentido, entendemos a la evaluación como un proceso de construcción de juicios valorativos sustentados en información y evidencias que permitan, a posteriori, tomar decisiones. Dentro de esta perspectiva, sostenemos que la evaluación tendrá que ser necesariamente procesual, participativa, formativa, integral y no-punitiva. Por lo que la misma no se reduce a “poner una nota”, “aprobar una materia” o “pasar de grado”, sino que se trata de un proceso más amplio, complejo y profundo que permita tener conocimiento sobre la situación general del sistema en su conjunto y en sus respectivas dimensiones.

Por otro lado, la acreditación refiere a aspectos más concretos relacionados con ciertos aprendizajes directamente vinculados a “la evaluación del producto final” y tiene que ver, además, con las necesidades administrativas de las instituciones de otorgar una certificación.

Pretender regular los procesos de acreditación en las actuales circunstancias puede volverse un modo ficcional de forzar la “normalidad” en un escenario en el que muchas de las condiciones no se sostienen como antes. Acreditar, se liga a la tarea de evaluar un proceso final. Proceso sobre cual aún no tenemos precisión respecto a cómo terminará siendo. Como tampoco conocemos a ciencia cierta la real dimensión de las condiciones de igualdad/desigualdad existentes, ni de las que dejará el paso de la pandemia. Y es allí donde queremos señalar el peligro de “poner la nota” ahora, porque la nota “califica” y “clasifica” a los sujetos del aprendizaje.

La nota te pone en un lugar, en un punto de partida, de largada (para graficar: como las “pruebas de clasificación” en el automovilismo el día previo a la carrera). Hacer esa “prueba de clasificación” ahora, con las tremendas desigualdades existentes, significa profundizar las brechas entre las/os estudiantes de los distintos sectores sociales que han tenido muy diversas posibilidades de acceso y conectividad en todo este período.

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Somos conscientes de que no es muy feliz hacer esta analogía automovilística para explicar lo que pasa en la educación; sólo lo mencionamos porque esa idea de “carrera” ha calado hondo en el sentido común, y en nuestro sector incluso (“carrera docente”). De igual manera, cualquier propuesta de acreditación que se piense en el mediano plazo, no podrá pasar por alto que las instituciones y las comunidades educativas están en diferentes condiciones, y que se torna imprescindible considerar especialmente a aquellos alumnos que viven en contextos de vulnerabilidad social y no están incluidos de ninguna manera o de manera despareja en la actual “continuidad pedagógica”. Y considerar que, si bien la digitalización se ha convertido en una importante herramienta de trabajo, en determinadas circunstancias, también es una nueva dimensión de la desigualdad.

Hoy es necesario reconocer la excepcionalidad del momento, y afrontar esta situación con la lógica propia de una emergencia. Por lo que las nuevas regulaciones extraordinarias para un contexto extraordinario, tendrán que contar con lineamientos generales para el sistema educativo en su conjunto y medidas particulares para atender a las problemáticas de cada nivel y modalidad del mismo. Como así también considerar las condiciones laborales que se vean afectadas en relación a la intensificación del trabajo docente y la organización de tiempos y espacios para la tarea de enseñar en situación de aislamiento.

Fuente: Boletín de la Secretaría de Educación de Ctera del viernes 22/5/2020

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