Este libro se inscribe como un nuevo grito en el territorio de las voces mutiladas de los niños y de las niñas violentados por los adultos cuyo deber es cuidarlos y preservar sus derechos.
Es un grito nuevo que anticipa y anuncia la decisión de tomar la palabra como definición política; proviene de los llamados y de los quejidos de las víctimas1 y habrá de desembocar en el discurso, así como otros en la música y en la poesía.
Es un grito que se añade a los precedentes que han sido escritos por quienes denuncian, advierten y sancionan; apela al grito porque los niños y las niñas que ejercen sus derechos gritan, protestan y encaran a los adultos siempre que pueden hacerlo. No logran ser escuchados cuando las violencias los arrollan, superan sus voces y estrangulan el asombro primordial que los malos tratos les suscitan; porque desde que nacen esperan que sean los adultos quienes los cobijen y sostengan; la vida misma los posiciona en esa espera ineludible sin la cual no podrían persistir como estadio humano. Es desde allí, desde esa zona impuesta por la vida que los acoge en el tránsito que ellos no buscaron, no eligieron y al cual se deben por haber nacido, desde la espera confiada en los adultos, que se encienden los asombros con que las violencias los vulneran, los dañan y los aterrorizan.
La vulnerabilidad -del latín vulnerare, herir- incluye, como ya ha sido descripto, la idea de recibir un golpe. Los eventos dañinos o destructivos que tienen eficacia en los sujetos pueden provenir de sus procesos psíquicos o del mundo externo. También las comunidades pueden tornarse vulnerables cuando sobre ellas se desatan catástrofes políticas o ambientales y también cuando sus miembros -o significativa parte de ellos- protagonizan sucesos vergonzosos. La perspectiva social y económica es la que describe la vulnerabilidad como dependencia inevitable de las desigualdades sociales que incluye la asimetría de poder entre los sexos, o entre los géneros.
Haber elegido la vulnerabilidad y el desvalimiento como coordenadas que posicionen a las organizaciones familiares como padecientes y a la par responsables por los sufrimientos de los más débiles pretende desactivar la ilusión que conduce a suponer que, por definición, las familias serían hontanar de paz y fortalecimientos amorosos para sus miembros. Ilusión que acompaña a otras, por ejemplo, creer que los escritos técnicos -como éste que presentamos- aportan mensajes claves, proféticos y asumibles como garantía de lo que “se debería hacer”, como si desde nuestras subjetividades reenviásemos directivas destinadas a corregir “el dolor y la injusticia en el mundo”, cuando solamente encadenamos palabras derivadas de aquel grito simbólico que proponemos para que vulnerabilidades y desvalimientos adhieran a los nuevos sentidos que los lectores y las lectoras quieran aportarles. Nos proponemos trabajar con la relación que podamos establecer entre la palabra tomada y la significación que cada cual le otorgue.
El valor de grito simbólico que desde aquí anunciamos -y que desearíamos escuchar en vivo cuando cada criatura indefensa y desasosegada soporta la violencia que el placer adulto convoca- ha sido el motor de este trabajo en conjunto que por una parte recupera ensayos anteriormente presentados en congresos o editados, junto a la producción de nuevos textos y varios artículos periodísticos, porque el periodismo escrito es uno de los soportes decisivos en el esclarecimiento que el tema reclama. Trabajamos juntos, incluyendo el aporte inédito de los materiales que Silvio Lamberti, abogado, y Jorge Garaventa, psicólogo, prepararon. A ambos les agradezco acompañarme en este nuevo volumen que Ediciones Novedades Educativas ha imaginado como necesario complemento de sus ediciones especializadas; tanto Garaventa cuanto Lamberti han producido cuidadosos y rigurosos textos que integran perspectivas técnicas y personales cuya originalidad y sistematización incluyen novedosos planteos en los estudios que se ocupan de vulnerabilidad, desvalimiento y malos tratos.
Quienes escribimos perfilamos otros avances resultantes de actuales investigaciones y otros derivados de las denuncias que ha sido posible incluir en la justicia. Los malos tratos y abusos contra niños y contra niñas históricamente acamparon en el imaginario social como datos de una realidad capaz de avalar injusticias, beneficios y acomodos para los adultos violentos, a la vera de prejuicios, costumbres y coincidencias ideológicas decimonónicas con aquellos jueces que deben estudiar cada historial y sancionar a los responsables.
En la sala de audiencias no es pertinente gritar, pero en ella las víctimas gimen, lloran y tartamudean ante las preguntas de algunos jueces o secretarios de juzgado que no titubean en poner en práctica una discursividad intrusiva, innecesariamente detallista y por ende agraviante para la escucha de niños y niñas que concurren al ámbito judicial en busca de apoyo, defensa y sanción para los culpables. También en este ámbito puede fracasar la confianza esperanzada de quienes han sido victimizados por otros adultos.
La exposición que hacen las víctimas, desguarnecidas ante algunos funcionarios de la justicia, abarca un capítulo cuya trascendencia reclama espacios especializados que no podremos incluir en este texto. Pero aun derivada hacia otros volúmenes, dicha derivación irá acompañada por el grito que sonorice el reclamo.
El grito simbólico cumple con la exigencia de ajustarse a la escena que niños y niñas maltratadas protagonizan, tornándola audible, ya que no es corriente que sea visible, si exceptuamos los peritajes forenses que denuncian las lesiones y las miradas de las docentes que diagnostican el tono azulado que campea en el cuerpo de sus alumnos. Ésas son las vulnerabilidades que las organizaciones familiares transitan, por golpeadoras o por indiferentes, así como las instituciones jurídicas cobijan las vulnerabilidades que ellas imponen a las organizaciones familiares que recurren a ellas. Originan de ese modo el desvalimiento que resulta de carecer de recursos para hacerse escuchar, cuando son las instituciones las que levantan la voz en nombre de una justicia cuyo alarido -pretendidamente justiciero- acalla los reclamos de quienes demandan por haber sido vulnerados. Ésta es la peor de las violencias que las instituciones derivadas del Derecho pueden abarcar, particularmente cuando es posible comprobar, en su antítesis, el cumplimiento irreprochable y certero de quienes asumen la defensa de las niñas y los niños en ejercicio de sensatez y -como los expertos dicen- “estando a derecho” de las víctimas; así ocurre en los historiales en los que las vulnerabilidades se acogen a la esperanzadora voz que dictamina en su favor.
Hemos omitido, por razones de espacio, las vulnerabilidades asociadas con el trabajo y la explotación que padecen niños y niñas tramitados como esclavos; también silenciamos -a pesar de haber dedicado anteriormente varios artículos al tema- el desvalimiento que padecen los chicos de las comunidades indígenas que son los descendientes de los pueblos originarios, así como la vulnerabilidad y el desvalimiento y la victimización que sobrellevan niños y niñas con necesidades especiales. Sabemos que es preciso enunciar, meticulosamente, la nómina de violencias que ellos y ellas padecen.
Como corolario de aquello que este volumen no aborda, dejamos constancia de que “más del 56 por ciento de menores de 14 años es pobre en la Argentina”,2 es decir que el porcentaje de vulnerabilidades y desvalimientos que podemos inferir como efecto de vivir en la pobreza (en oportunidades en la pobreza extrema) abriría mosaico de ejemplos ilustrativos.
La violencia contra los chicos construyó una identidad política y se instituyó como tal al oponerse, diferencias mediante, al trato que los adultos están obligados a aportarles a los más pequeños y que la Convención de los Derechos del Niño3 rubrica.
Cualquier identidad precisa construirse en relación con el otro o con lo otro: eso otro es el trato debido, opuesto al favorecido por las violencias. Al mismo tiempo, la característica proteica de cualquier identidad obliga a que ésta sea cambiante y modificable por acumulación, cambio o pérdida: o sea, la identidad política que adquirió el concepto “violencia contra los chicos” progresivamente incluye nuevas prácticas y posibilidades para violentar, mientras suprime otras. Dependerá de la vulnerabilidad de los sujetos y del desvalimiento que pueda acogerlo. Si la antigua amenaza “viene el cuco“ o “te lleva el viejo de la bolsa” caducó en su eficacia, las amenazas contra los chicos responden a otros códigos e implementan otros personajes.
Decir que adquirió, como discurso y como registro de realidad, una identidad y lugar propios, se debe a que es posible reconocer dichas violencias como legítimamente establecidas por quienes son indiferentes acerca de ellas o complacientes con su ejercicio; y contrastantes con lo diferente del trato cuidadoso y acorde con la protección integral que niños y niñas ameritan.
Aunque el conflicto es circunstancia definitoria de los procesos sociales y psicológicos, se torna difícil incluir esta oposición violencia/buen trato como una dimensión conflictiva que forma parte de lo esperable en el intercambio comunitario. Una lógica bivalente que separase bueno de malo, justo de injusto, arriesgaría homogeneizar los hechos violentos y a las víctimas. Precisamos dislocar los contenidos de la expresión “violencias contra niños y niñas”, que desemboca en un magma indiscriminado, para discernir no sólo las especificidades que hace tiempo han sido clasificadas, sino las autorizaciones psicosociales que las avalan.
Precisamos multiplicar los gritos simbólicos rumbo a la toma de la palabra, que a su vez demanda infraestructuras políticas y socioeconómicas, tan frecuentemente anudadas con silencios y complicidades. En esta tarea denunciante, clamante y pretendidamente reparatoria, los medios de comunicación ocupan un lugar significativo.

Eva Giberti



Notas 1. Acaba de inaugurarse una campaña: “Un grito de protesta puede acabar con mil gritos de dolor”. Amnistía Internacional ha documentado un aumento del uso de la tortura en la llamada “guerra contra el terror”. Súmate a nuestra campaña contra este escándalo universal y grita NO A LA TORTURA, http://xprofiler.ch/dispatcher/service?dh=50712122347130520&a=50719120609509365> No nos caben dudas acerca de la condición de sujetos torturados en la que corresponde incluir a los niños, a las niñas y a los adolescentes de quienes hablamos en este libro.
2. El 56,4 por ciento de los menores de 14 años, en la Argentina, vive en hogares pobres y el 24,1 por ciento está por debajo de la línea de indigencia, según datos del instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). De esta manera, la pobreza afecta a 4,5 millones de niños que viven en la Argentina (segundo semestre de 2004).
La Convención considera al niño como sujeto, esto es, como titular de todos los derechos que corresponden a todas las personas, más derechos específicos por encontrarse en una etapa de la vida de crecimiento. Sin embargo, cada vez que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño reconoce un derecho lo limita por razones diversas, en general por la madurez, capacidad para formarse un juicio propio, desarrollo emocional o interés superior del niño -arts. 12 y 14 de la Convención- (Mary Beloff, en “Un modelo para armar -y otro para desarmar-: protección integral de derechos vs. derechos en situación irregular”).